Muchos somos ya los que nos hemos dado cuenta de que la futura Ley de Economía Sostenible pretende equiparar la protección de la Propiedad Intelectual a la protección de la Seguridad del Estado o a la protección de la integridad física de las personas. La nueva norma impone un despliegue de medios y garantías constitucionales para la protección del negocio subyacente a la Propiedad Intelectual, como si de un derecho fundamental se tratase.